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Participación de mujeres en la agenda de paz y seguridad en Chile: Los desafíos del segundo plan de acción nacional

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Por Ximena Gauché Marchetti. Abogada, Doctora en Derecho, Profesora Asociada, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Coordinadora del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Democracia – Universidad de Concepción
xgauche@udec.cl

La desigualdad de las mujeres y sus particulares circunstancias en los diversos ámbitos ligados a la paz, la seguridad y la defensa ha sido una constante en el tiempo y se ha manifestado de distintas formas. Siendo las principales víctimas de la violencia en conflictos armados internos o internacionales, constituyendo el mayor número de personas refugiadas o desplazadas, las mayores víctimas de la trata o de la esclavitud sexual, siendo las menos representadas en la toma de decisiones en temas de seguridad y procesos de paz, o teniendo una menor intervención en la configuración y despliegue de operaciones de paz.

En ese contexto, la adopción de la Resolución 1325 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2000 marcó el inicio de un tiempo en que la comunidad mundial ha puesto este tema como parte de la agenda formal, incentivando el compromiso de muchos estados por mejorar la participación de las mujeres en el ámbito de la paz, seguridad y defensa, por ejemplo, a través de la adopción de planes de acción nacional en la materia.

Un Plan de Acción Nacional (PAN) es un documento que detalla las medidas que está adoptando actualmente un gobierno, y las iniciativas que llevará a cabo en un plazo de tiempo determinado para cumplir las obligaciones incluidas en la Resolución 1325. Se trata de la iniciativa que guarda una mayor orgánica desde el punto de vista formal para la implementación de los estándares internacionales que se han ido fijando en la materia en estos quince años, debiendo tener sus estrategias un carácter integrado.

Chile ostenta el honor de haber sido el primer país del continente en elaborar e implementar un PAN durante el primer gobierno de Michelle Bachelet en 2009. Hasta 2015, sólo Argentina ha tenido iniciativas de similar sentido pero con carácter más bien sectorial y no enmarcadas en un plan nacional.

Este primer Plan – décimo segundo a nivel mundial – se estructuró sobre la base de objetivos y acciones comprometidas por distintas instituciones del Estado, agrupados en cuatro enfoques: Género, Derechos, Participación y Coordinación. En cada uno de ellos se hizo participar a los involucrados por medio de diferentes iniciativas. Se enmarcó a su vez en la llamada “Política de Integración y participación de las mujeres en las fuerzas armadas y de orden y seguridad” promovida bajo el gobierno de Ricardo Lagos Escobar y que derivó en una separata del Libro de la Defensa Nacional de 2002. Como sus bases, esta política consideró la igualdad entre hombres y mujeres, con reglas generales para ambos y regulación justificada de situaciones de excepción; la integración participativa en las actividades profesionales; la competencia profesional, basada en los conocimientos, méritos y destrezas requeridas; la equidad para un trato justo aunque no sea idéntico; el liderazgo en la conducción del proceso de participación; y la planificación permanente.

Al amparo del Primer PAN se operó un aumento significativo del ingreso de mujeres en las fuerzas armadas y de orden y seguridad públicas pero ello no fue acompañado de una presencia en roles o puestos decisorios de importancia, confirmando la adaptación sólo parcial de estructuras clásicas que no se ajustan desde las características propias del mundo masculino.

Luego de un tiempo de implementación y resultados más cuantitativos que cualitativos, en 2015 se ha presentado públicamente el Segundo Plan de Acción Nacional. A diferencia del primero y tal como preveen otros planes nacionales, el actual incorpora un sistema de indicadores para verificar y controlar su aplicación en un espacio de tiempo previsible a través de herramientas metodológicas que permitan su ejecución bajo un concepto moderno de gestión y monitoreo gubernamental. Esta actualización busca, en consecuencia, generar un PAN flexible, medible y coherente, que haga realidad los derechos fundamentales de mujeres y niñas en situaciones de conflicto y post conflicto, velando por su bienestar e integridad, en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en las cuatro áreas temáticas y objetivos establecidos desde la Secretaría General de la ONU: prevención, participación, protección, y socorro y recuperación.

El programa de implementación contenido en este PAN se desarrollará en el período 2015-2018 y será revisado anualmente a través de los indicadores y mecanismos de control que se han propuesto para estos efectos en cada una de las cuatro áreas u objetivos, con los responsables que indica el documento oficial, avance notable en relación al plan del 2009 cuyos mecanismos de seguimiento no fueron suficientemente desarrollados como para lograr mayores avances sustantivos.

Ahora bien, no hay que culpar al primer plan de sus resultados o su falta de difusión entre la ciudadanía, ni aspirar a que este segundo cambie radicalmente las cosas. Mientras sigamos instalados en una cultura mayormente patriarcal y androcéntrica, atribuyendo roles y estereotipos a hombres y mujeres en muchos ámbitos, vamos a seguir encontrando que las mujeres siguen en un rol secundario en los temas de paz y seguridad internacional. El cambio supone abordaje y seguimiento interdisciplinar e intersectorial para el tema, a partir de personal capacitado y de un trabajo promotor desde la academia y la sociedad civil y aún en los propios integrantes de organismos del gobierno.

Otro gran desafío para la sociedad chilena.

1.Este comentario se enmarca en los resultados de la investigación que realiza la autora en el Proyecto “RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS SOBRE MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD. PLANES DE ACCION NACIONAL Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA SU IMPLEMENTACION, Y PROPUESTAS PARA LA MAYOR PARTICIPACION DE MUJERES EN EL ÁMBITO DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN CHILE.”, Proyecto de Investigación financiado por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), Código 201511.

Fuente: Casa de Exalumnos Universidad de Concepción.

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